El pasado 20 de julio, en su discurso de instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República, el presidente Iván Duque anunció un conjunto de iniciativas legislativas lideradas por la Nación para avanzar en el cierre de brechas, en mejorar la justicia que requieren los colombianos y en fomentar el emprendimiento. Entre las reformas por radicar en la presente legislatura, anunció una ley de modernización normativa del sector vivienda que no solo facilitaría el acceso de los colombianos a una vivienda digna, sino que promovería el crecimiento ordenado de nuestras ciudades.
Hoy, gracias al apoyo decidido de todos los actores del sector, sumado a la retroalimentación constante, el liderazgo y los aportes de los honorables congresistas de la República –especialmente en sus comisiones séptimas–, el proyecto de ley de vivienda y hábitat es una realidad. El país cuenta hoy con una normativa sólida, moderna, integral y eficiente.
En términos generales –y corriendo el riesgo de dejar varios elementos por fuera–, este proyecto de ley persigue dos grandes objetivos: simplificar la normativa de los subsidios e incentivar el crecimiento urbano ordenado. Bajo estas dos premisas se desarrolló el articulado aprobado esta semana por el Congreso de la República.
Con respecto a la primera premisa, establecimos lineamientos que facilitan el acceso a la vivienda urbana. Permitimos, por ejemplo, que aquellas familias que en el pasado habían recibido un subsidio de mejoramiento puedan recibir también un subsidio de adquisición de vivienda, siempre y cuando a la fecha de la solicitud no cuenten con un título de propiedad. Además, mediante esta iniciativa legislativa flexibilizamos los plazos de financiación de los créditos de vivienda, entendiendo las nuevas dinámicas del mercado hipotecario y el perfil de los compradores de vivienda. Un tercer elemento importante es la eliminación de la restricción de enajenación para las viviendas adquiridas con subsidios del Gobierno Nacional, salvo para la vivienda gratuita, en cuyo caso la restricción pasa de 10 a 5 años con el fin de promover la cohesión social dentro de estos proyectos.
Ahora bien, el proyecto de ley también establece lineamientos para promover el acceso a la vivienda rural. Reconoce, por ejemplo, las dificultades de acceso a varias regiones del país y permite que el valor del subsidio incluya el rubro de transporte de materiales. Lo anterior, por supuesto, pretende fomentar la oferta de vivienda rural en el país, especialmente en las zonas rurales dispersas. Además, promueve mecanismos de financiación como el crédito hipotecario o el ‘leasing’ habitacional para la adquisición de vivienda rural.
Con respecto a la segunda premisa, por su parte, diseñamos una normativa que facilita los procesos de ordenamiento territorial. De esta manera, por medio del proyecto de ley, se precisan los procedimientos para realizar la concertación ambiental en el POT y se clarifican los procesos para la habilitación de planes parciales. En general, se facilita la normativa asociada a la formulación, revisión, ajuste y modificación de los POT. Así, con reglas de juego claras, contribuimos a la consolidación de ciudades más ordenadas.
En suma, con este proyecto de ley la de vivienda se convierte en una política de Estado, que transciende periodos de gobierno, orientaciones políticas y vanidades personales, en pro de un propósito superior: llevar soluciones de vivienda digna a los colombianos, especialmente a las familias más vulnerables. Así seguimos avanzando hacia un país de propietarios, mientras consolidamos un sector vivienda moderno y eficiente.
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