La actual administración de la ciudad deberá asumir el reto de formular la nueva Política Integral del Hábitat, pues la primera, que fue promulgada en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, ya cumplió su vigencia en el 2017.
Con la investigación ‘La política integral de hábitat de Bogotá 2007-2017: Apuestas, logros y retos’, se concluye que en la atención de los déficit cualitativo y cuantitativo se mantuvo el mismo enfoque tradicional: impulsar la construcción de vivienda nueva por parte del sector formal mediante el subsidio a la demanda e invertir recursos limitados en el mejoramiento de la producida por el sector informal.
Sin embargo, las cifras revelan que este enfoque no logró contrarrestar una de las más importantes preocupaciones de la política como lo era la producción informal.
Las cifras demuestran que durante los 10 años de su vigencia esa producción no disminuyó sino que mantuvo un crecimiento anual sostenido
La explicación de este fenómeno se encuentra en que, efectivamente, los hogares más pobres no pueden acceder al mercado formal, el cual tampoco logra producir la cantidad de vivienda a la par de la formación anual de hogares.
Se estima que en Bogotá, en promedio, se forman anualmente 55.000 nuevos hogares, y la producción formal de vivienda anual en el periodo en referencia fue, en promedio, de 35.000 unidades.
Adicionalmente, se debe señalar que menos de la mitad de estas viviendas fueron de interés social (VIS) o prioritario (VIP), cuando en contraste se tiene que el 86 por ciento de los hogares bogotanos pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Lo anterior llevaría a considerar que la mayor demanda estaría en esos estratos, pero la menor oferta es la que para estos se produce.
El reciente censo del Dane 2018 reveló las cifras de los déficits cuantitativo y cualitativo de vivienda; en el caso de la capital del país se tienen en el primero 96.947 hogares afectados y en el segundo, 256.633.
Las cifras son alarmantes, pues evidencian lo señalado al comienzo de este artículo: la oferta formal de vivienda no logra atender la demanda y la informal lo resuelve, pero con un saldo muy negativo en términos de calidad.
En estos momentos, en los que debemos afrontar el impacto de una pandemia, se debe resaltar la importancia de invertir recursos suficientes y de manera eficiente para superar el déficit cualitativo y generar políticas de arriendo protegido para los hogares más vulnerables, pues considerar que se los debe forzar a ser propietarios ya deja claramente demostrado que no es una solución real ni contribuye a la superación de la pobreza.
Así mismo, es el momento de reconocer que la vivienda debe ser considerada primera línea de prevención en salud, pues ya ha sido ampliamente demostrado que sus condiciones deficitarias afectan muy negativamente la salud humana, y en épocas críticas de confinamiento dejan en evidente desventaja a los más vulnerables de la sociedad, como son los hogares en condición de pobreza.
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