Una investigación del BID señala brechas en acceso y calidad a servicios básicos y urge pensar los proyectos con claros criterios climáticos desde su etapa de diseño.
“Consideramos a la infraestructura solo como estructuras, líneas de alto voltaje, carreteras, plantas de tratamiento de agua. Claro, estás son el hardware del sector, son esenciales. Pero la infraestructura consiste en algo más que el hardware. Lo que proponemos es una mirada de servicios, un tránsito hacia los servicios. Esto implica analizar otros factores, más allá de la construcción, como la conducta de los consumidores, de las empresas, las reglas con las que operan”.
Tomás Serebrisky es el asesor económico principal de infraestructura y energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y coautor del libro “De infraestructuras a servicios”, una publicación de la institución en la que se analizan cuáles deben ser las tensiones y motores que impulsen una mejora para la infraestructura en Latinoamérica.
Durante una presentación en el Congreso Nacional de Infraestructura (que arrancó este lunes y se extiende hasta este viernes), Serebrisky resumió estos retos a partir de dos asuntos que pueden parecer obvios, pero de los cuales dependen una serie de otros grandes temas. Para el experto la región necesita mejorar en acceso y calidad a la infraestructura.
“Latinoamérica ha logrado grandes avances en el acceso a los servicios, algo que es notable en la cobertura de energía eléctrica y agua potable. Por ejemplo, en este segundo escenario, 96,7 % de la región está cubierta. Pero muchas personas deben trasladarse 15 minutos o más hasta una fuente confiable de agua; cuando consideramos esto, la definición de acceso dista mucho de tener un estándar mínimo o aceptable y el porcentaje mencionado baja a 82,7 %”, argumenta Serebrisky.
El experto argumenta en una forma similar alrededor de la calidad de los servicios: de nada sirve tener acceso a energía eléctrica si el suministro tiene cortes constantes y se vuelve casi que impredecible (como en el caso de la difunta Electricaribe, por ejemplo).
De estas dos grandes ramas de análisis se desprenden otros temas. El primero es la asequibilidad. La pregunta aquí opera un poco en el mismo sentido que lo hacía en el indicador anterior: de qué sirve tener servicios de calidad si los usuarios no pueden pagar por ellos, especialmente los hogares más pobres.
En este ítem hay un ejemplo del BID que resulta particularmente interesante y tiene que ver con el desgaste de los zapatos: los datos recabados por la investigación señalan que 40 % de las personas más pobres de la región recorren a pie sus trayectos más importantes en el día, frente al 10 % de las personas más ricas. “Caminar está muy bien. El punto acá es si el primer grupo lo hace porque quiere o porque no tiene más alternativas, lo que nos lleva a entender que los usuarios que más lo necesitan no acceden al transporte público motorizado”, asegura Serebrisky. De acuerdo con datos del BID, en los hogares más pobres el consumo de servicios de calidad consume 20 % del ingreso familiar.
De este punto parte una meta importante: es necesario invertir más en infraestructura y servicios para cerrar las brechas de acceso, calidad y asequibilidad, que tienen un sesgo negativo importante en contra de quienes más las necesitan. A pesar de todos sus avances, la región tiene una deuda histórica con la construcción de infraestructura, particularmente en la designación de recursos públicos: entre 2008 y 2018, Latinoamérica y el Caribe invirtió 2,8 % de su PIB en este rubro, mientras que en Asia Oriental y Pacífico esta cifra fue de 5,7 % y de 4,8 % en Oriente Medio.
La discusión en temas de inversión no se soluciona con mejores cifras, aunque buena parte del tema orbite alrededor de este criterio, sino de invertir más sabiamente. Más, a veces, es sólo más, no necesariamente mejor. La investigación del BID señala que 35 % de la inversión en infraestructura se pierde por ineficiencias, atadas a sobrecostos o demoras en la ejecución de los trabajos. “No tiene sentido aumentar la inversión, a menos de que sea buena. Y mejorar la calidad de la inversión, a su vez, atraerá más recursos, especialmente del sector privado. Se requieren hacer cambios de política y diseño en este aspecto”, según Serebrisky.
A la par, el experto advierte que es necesario trabajar en cerrar la brecha entre inversión pública y privada y buscar un aumento en la primera. “Es necesario discutir el rol de la inversión pública y el reto es revertir el sesgo que hay contra ésta en toda Latinoamérica”.
El documento del BID señala que, de cara al futuro, hay tres fuerzas importantes que deben orientar las decisiones alrededor de la infraestructura y los servicios: las demandas sociales, el cambio climático y las nuevas tecnologías.
Sobre el primero, Serebrisky explica que está muy atado a los indicadores de acceso, calidad y asequibilidad: “No basta con tener acceso a un autobús moderno si este llega tarde, es caro y transporta demasiados pasajeros”. Las palabras del economista hacen pensar en prácticamente cualquier medio de transporte en Colombia y, a la vez, traen a la mente las razones de estallidos sociales en países como Chile y Brasil, atados a los incrementos en el precio de los pasajes.
En el tema de cambio climático, los impactos son evidentes para cualquiera que no viva en negación con la realidad y se explican, de la forma más sencilla y cruel, con la presente ola invernal en el país: daños en carreteras, diques y viviendas, además de afectaciones económicas en miles de hectáreas de cultivos, por hacer un recuento rápido y frío que ni siquiera entra en las consideraciones humanas de esta tragedia. “Es necesario que los componentes de infraestructura resiliente estén presentes desde el diseño y planeación de los proyectos”, asegura Serebisky, al tiempo que comenta: “Pensar las estructuras bajo criterios de resiliencia añade en promedio 5 % en los costos de construcción, elevar una carretera, por ejemplo. Y esto pueden ser millones en un proyecto de grandes dimensiones. Pero al compararlo con las pérdidas de 35 % que ya hay por ineficiencia en la construcción se ve que es muy poco”, explica el economista del BID.
La inclusión de criterios climáticos en este tipo de proyectos es vital si se tiene en cuenta que, según datos de 2017 del Consejo Privado de Competitividad, 66 % de las empresas en Colombia han sido afectadas por fenómenos como La Niña y El Niño; así mismo, menos de 3 % de las compañías nacionales están aseguradas en general, menos aún contra eventos como inundaciones, por ejemplo.
Latinoamérica genera 12 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Al desglosar esta cifra se observa, según los datos del BID, que 70 % de éstas están atadas al transporte y la generación de energía. Y entre 1990 y 2014, las emisiones de estos sectores crecieron 87 %.
“Es claro que se necesita innovación en la concepción y construcción de infraestructura y servicios”, asegura Sebrinsky. ¿Cómo? “Hay que invertir en planes de infraestructura que señalan prioridades y metas claras, pero también hacerlo en los procesos de preinversión de los proyectos porque sabemos que es un camino para reducir las contingencias y los sobrecostos. Además, tenemos que repensar los procesos de selección porque en muchos casos los criterios de selección para los proyectos están enfocados en los insumos, una mirada que privilegia a los mismos actores, y debemos pensar este tema, mejor, en términos de calidad del servicio final que se busca”.
Y a todo esto hay que sumarle la inclusión de tecnología, una fuerza transversal en todo el proceso la infraestructura. Según el BID, la digitalización incrementaría en 3,5 % el PIB de la región durante una década gracias a las eficiencias productivas que se lograrían.
Pero, a la par de reconocer su poder transformador, Serebrisky advierte: “Pero todo este cambio se debe hacer con una política regulatoria que reconozca las transformaciones y se adapte a ellas para evitar que la tecnología termine por generar un futuro distópico”.
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